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A tan solo unas horas de que la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, aliada del presidente, Nayib Bukele, tomara posesión, la primera iniciativa aprobada fue la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, algo que ya ha sido criticado por organizaciones y la comunidad internacional como un paso más hacia el autoritarismo, y del fiscal general de la nación, Raúl Melara.

En la primera sesión plenaria, la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, pidió se dispensara el trámite para discutir la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que finalmente obtuvo la luz verde de la cámara con 64 votos, todos oficialistas.

Los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jérez fueron propuestos para sustituir a los titulares hasta el momento -José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento-. También destituyeron a los suplentes.

Los argumentos esgrimidos por la nueva Asamblea de mayoría oficialista fueron, en su mayoría, las decisiones que tomó la sala en relación a cuestiones de la pandemia, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos, violando presuntamente la Constitución.

No obstante, tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que declara como inconstitucional la deposición de los jueces.

“Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista”, describe la sentencia, que detalla que hay una “marcada intención” de suprimir los controles hacia el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, a pesar de esta sentencia de ilegitimidad de la decisión, la nueva Asamblea juramentó los cargos de los nuevos jueces. Según informa la prensa local, además, un grupo de agentes de la Policía Nacional se apostó afuera de las oficinas del Tribunal Supremo y tomó las instalaciones, junto con los nuevos jueces, que fueron escoltados hasta el interior.

Según La Prensa Gráfica, dentro también hay personal de la Presidencia, junto con el director de la Policía Nacional.

Destitución del fiscal general

Después de esta serie de medidas en referencia a la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa pidió del fiscal general del país, Raúl Melara, justificando que es una decisión que “corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad”.

“El actual fiscal general de la República ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, por complacer a grupúsculos de poder político y económico, cuyo objetivo es defender intereses oscuros en contra del pueblo salvadoreño”, precisó el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter.

La propuesta, presentada también por la bancada oficialista, se hizo a través de una dispensa de trámite, es decir, que no se discutió en comisión de la cámara, informa El Mundo. Melara ha sido uno de los más críticos con Bukele, y desde que este accediera a la Presidencia han protagonizado encontronazos, especialmente en Twitter.

Finalmente, y al igual que con la iniciativa anterior, los 64 diputados aliados de Bukele dieron luz verde a la destitución de Melara.

Reacciones a la decisión

Las reacciones no se han hecho esperar, y el director Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que “Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”. En cambio, desde la oposición, han criticado lo sucedido como “golpe de Estado”.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, explicó a través de su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño “consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo”.

También el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, condenó “los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”.

Por su parte, Bukele celebró la decisión en cuenta de Twitter. “Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡destituidos!”, agregó, tras asegurar que “saqueos y crímenes le han hecho a nuestro país y a nuestra gente”, mientras “ellos celebran, el pueblo celebra con nosotros”.

También desde Estados Unidos llegaron las primeras reacciones, y la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, advirtió que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.

Otros políticos estadounidenses, como el gobernador de Massachusetts, Jim McGovern, que aseguró que “esto no es democracia, es la destrucción de la independencia judicial”, o Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden, que comentó en Twitter “así no se hace”.

Ante estas críticas por parte de la comunidad internacional, el mandatario salvadoreño dijo en un mensaje de Twitter “a nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca.

“Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia”, puntualizó.

El exsecretario de Bukele, nuevo presidente del Congreso

Por otro lado, en la sesión celebrada este sábado, la Asamblea Legislativa eligió a Ernesto Castro, exsecretario privado de Bukele, como presidente de la cámara para el período 2021-2024 con 64 votos del oficialismo.

La diputada Suecy Callejas fue electa como primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y el legislador de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, como segundo vicepresidente. El diputado Guillermo Gallegos, ha sido elegido como tercer vicepresidente.

Por otro lado, la Junta de la Asamblea Legislativa fue reducida de 11 a ocho directivos, que serán de los partidos de Nuevas Ideas (NI), GANA, PCN y GANA.

Por Europa Press


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