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Cuatro grandes casos lleva la Procuraduría General de la República en los tribunales que le provocarán a los fiscales de anticorrupción centenares de horas de trabajo, recolección de millares de pruebas y responder centenares de incidentes a los abogados de la defensa ante de conseguir posibles sanciones penales.

Las operaciones están a cargo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la responsabilidad de los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice respectivamente.

El primer expediente instrumentado contra siete imputados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht de Brasil, se comenzó a instrumentar en el 2016 y en la actualidad el proceso se está llevando a cabo en un tribunal de primer grado; donde están siendo juzgado los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, acusados de recibir en sobornos por 92 millones de dólares.

También en otros 11 países se sometieron personas implicados de recibir sobornos de Odebrecht entre 2001 a 2016, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con Estados Unidos, la compañía pagó sobornos para garantizar contratos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Un segundo expediente complejo, relacionado con casos de corrupción que está apoderada la Procuraduría es la denominada «Operación AntiPulpo», una presunta red de corrupción administrativa de la que era parte fundamental el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, quien, conforme a la acusación, creó un entramado societario para hacer negocios millonarios con el Estado, aprovechando su condición privilegiada de ser hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez.

Este proceso judicial comenzó en diciembre del pasado año y en el expediente, además, de Alexis Medina, están implicados Magalys Medina Sánchez, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Suriel, quienes tienen medida de coerción de tres meses de prisión preventiva, revisable este lunes 1 de marzo.

Mientras que se le impuso prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, vigilancia, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos, mediante la modalidad de contrato contra Carmen Magalys Medina y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo.

Un tercer expediente donde los fiscales del Pepca deberán emplearse a fondo es el caso contra los miembros de la Cámara de Cuentas, contra quienes se apoderó un sometimiento ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Además de su presidente Hugo Francisco Álvarez Pérez, también se investigan por corrupción a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

El Ministerio Público el pasado lunes 15 de febrero realizó un allanamiento en la Cámara de Cuentas, a cuyos directivos investiga, junto a varios funcionarios están siendo investigados por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.

También el procurador adjunto Wilson Camacho esta al frente de los servicios que ofrece el Ministerio Público en el caso seguido a los presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y los imputados del asesinato del profesor Yuniol Ramírez.

En este proceso están implicados el ex director de la OMSA, Manuel Rivas, Argenis Contreras, Heydi Carolina Peña, José Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elisander Raverlo Campos (“El Herrero”), y Jorge Luis Abreu Fabián (“DJ y El Taxista”), todos acusados de encubrir a Contreras y de intentar destruir pruebas sobre el caso.

El 12 de octubre del 2017 fue encontrado el cadáver del abogado Ramírez flotando en un arroyo con una cadenas y dos blocks.

Un quinto caso que lleva Wilson Camacho, a través del Pepca, es el proceso de las Declaraciones Juradas de Bienes donde están siendo investigados varios ex y actuales funcionales con relación al contenido de sus declaraciones juradas de bienes entre ellos la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el ex administrador del Banco de Reserva, Simón Lizardo, entre otros.


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