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Los abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre anunciaron que preparan una demanda contra todo el Estado dominicano, por los supuestos atropellos a lo que está siendo sometido el exjefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina, en el centro correccional de Najayo.

Christian Martínez y Francisco Álvarez, abogados defensores de Cáceres Silvestre, indicaron que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), ha cometido una serie de “tropelías” contra su cliente desde que fue allanado en el pasado mes de mayo.

“Nunca aquí se ha visto que un preso, además de defenderse, tenga el valor y la convicción de demandar al Estado por daños y prejuicios por todos los abusos, tropelías e ilegalidades que se han hecho en su contra”.

Llamarán a todas las instituciones internacionales que tienen la finalidad de velar por los derechos humanos y el cumplimiento del debido proceso, incluida Transparencia Internacional, para verificar en las siguientes audiencias si el Ministerio Público comprometió su responsabilidad en la Operación Coral.

Sostuvo que el Ministerio Público hace alegaciones que no tienen sustento y a los abogados de la defensa no les dejaron entregarles pruebas que han sido construidas con personas que ellos mismos han utilizado en otras investigaciones.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, los juristas aseguraron tener informaciones de que el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, principal testigo del Ministerio Público, estaba la pasada semana en la Procuraduría General de la República frente a personas que estaban siendo llamadas a interrogación, lo que es ilegal.

“Tenemos informaciones muy serias de que un sábado Girón (el delator principal del caso) estaba en algún despacho de la PGR en donde estaban llevando a personas para careadas frente a Girón y ser interrogadas, de ser cierto eso nosotros vamos a llevarlo al juicio”, puntualizó Álvarez.

Por su parte, Christian Martínez, señaló que “no es un proceso de investigación contra una persona, hay un culpable pero no se sabe quién, el Ministerio Público se inventa un expediente fundados en mentiras, no hay un solo elemento indicado en esa investigación que sea verídico”.

Agregó que las autoridades no les han permitido a los abogados tener una reunión confidencial con su cliente, algo que calificó como una arbitrariedad.

“Cuando se tiene la razón no se tiene que ser arbitrario y en este caso hay muchas arbitrariedades, hay persecución política”, enfatizó.

“La jueza dispuso de tres horas para preparar una defensa con nuestro cliente de un caso de más de 200 páginas Además, no existe una auditoría, una alerta de que ese hecho ocurrió, Cáceres está preso sin saber por qué. El presupuesto completo de una institución es atribuida como parte de un supuesto fraude, para ellos y el sensacionalismo, todo el monto del presupuesto se lo robaron”.

La semana pasada, el abogado Romer Jiménez, parte de la defensa técnica de Cáceres Silvestre, aseguró que la prisión del mayor general es irregular, porque al momento de detenerlo, supuestamente se le violaron sus derechos fundamentales y el debido proceso, las cuales harían “colapsar” el caso coral.

“La prisión de nuestro detenido es irregular, porque en su contra se violaron derechos fundamentales y el debido proceso. Esas violaciones tarde o temprano harán colapsar el Caso Coral, y solo perderá la noble lucha contra la corrupción con la que el general Cáceres está de acuerdo”, indicó el jurista.

El pasado 10 de mayo, la jueza Kenya Romero dictó  prisión preventiva de 18 meses contra los acusados en el caso Coral, en el que se involucra al exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien supuestamente encabeza el entramado militar.

Tanto el mayor general, como el coronel Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero, Tanner Flete Guzmán, cumplen los 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo Hombres, mientras la pastora Rossy Guzmán está en Najayo Mujeres.

La jueza Romero acogió la solicitud del Ministerio Público en cuanto a la variación de la medida de coerción contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien fungió como el testigo clave en el conocimiento de medidas de coerción a los implicados en el caso Coral.

A este grupo se le señala por encabezar supuestamente un entramado militar en el que desarrollaban actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina.


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