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En momentos en que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) lleva a cabo varios casos contra la corrupción, siendo el último de ellos la Operación Coral, el presidente de la República, Luis Abinader, dio este jueves un espaldarazo al Ministerio Público, ya que la justicia dominicana cuenta con una «buena salud».

Abinader destacó la autonomía con la que cuenta el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ya que no distingue de «vacas sagradas» ni de funcionarios que laboraron en los anteriores gobiernos, ni de los funcionarios de la actual administración gubernamental.

«La independencia de la justicia fue uno de mis primeros compromiso cumplidos con la ciudadanía y con el país, al día de hoy podemos dar cuenta que la administración de justicia en nuestro país goza de buena salud, de una reconocida autonomía en el Ministerio Público y de una visión amplia y justa de lo que es su trabajo, que no reconoce vacas sagradas porque la justicia es y debe ser para todos», dijo Abinader al encabezar el lanzamiento del Código de Ética y Contrataciones Públicas.

El mandatario aclaró que el Código de Ética va para todos los funcionarios públicos y que abarca a toda la administración pública, incluidas las fuerzas policiales y militares del país, estas últimas involucradas en el caso de corrupción Coral, en la que fue apresado el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y provocó la puesta a disposición del cargo de Juan Carlos Torres Robiou, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Con esta herramienta, todos los funcionarios y servidores públicos tendrán acceso al Código de Pauta e Integridad de las Contrataciones Públicas de la República Dominicana, con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia en la administración pública.

Este código tiene la finalidad de convertirse en el instrumento principal de cumplimiento regulatorio de las contrataciones públicas, para impulsar las normas políticas de prevención del incumplimiento regulatorio, irregularidades administrativas, para potenciar así los estándares de transparencia en la administración pública.


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